Este miércoles, la Cámara de Diputados tratará un proyecto que busca eliminar la exención fiscal que sostiene al sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), herramienta central para el financiamiento de más de 43.000 pymes en todo el país. La propuesta apunta a financiar el aumento a jubilados, pero podría poner en riesgo medio millón de empleos y créditos productivos por $3 billones.

Sus avales permiten que miles de pequeñas y medianas empresas accedan a tasas hasta 25% más bajas y a mejores plazos, impulsando inversión, empleo y recaudación. Según datos oficiales, el costo fiscal de este beneficio es mínimo: 136 millones de dólares al año (0,027% del PBI).

El costo de la exención es mínimo: apenas 136 millones de dólares anuales, equivalente al 0,027% del PBI, según datos oficiales. En contrapartida, las pymes con avales logran tasas hasta 25% más bajas y mayor capacidad de generar empleo que aquellas sin respaldo. “El costo es insignificante frente al derrame positivo”, enfatizan desde el sector.

Con un amplio respaldo del sistema, UIA, CAME, más de 3.700 cámaras, seis Bolsas de Comercio, 30 bancos, fintech y el Banco Nación ya expresaron su rechazo a la medida, advirtiendo que su eliminación dejaría sin financiamiento a gran parte del entramado productivo.